• Durante su intervención, el fiscal general expuso la incidencia delictiva de la región Soconusco
• Reconoció los resultados de los Operativos Antipandillas y de Verificación de Bares y Cantinas y Similares; estrategias diseñadas en el seno de la Mesa de Seguridad Estatal
• Llamó a los y los presidentes municipales a continuar participando en las Mesas Regionales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal y Regional en Tapachula, que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca expuso la incidencia delictiva general y de alto impacto de la región Soconusco, destacando que derivado del reforzamiento de los Operativos Antipandillas y de Verificación de Bares y Cantinas y Similares se han logrado resultados contundentes en la disminución del índice de delitos, garantizando con ello la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas reconoció el liderazgo del mandatario estatal para coordinar fuerzas federales, estatales y municipales en las estrategias focalizadas en fortalecer la gobernabilidad y la paz en todo el territorio chiapaneco.
En ese sentido, resaltó que gracias a la suma de esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia se han logrado resultados contundentes en la disminución de la incidencia delictiva general y de alto impacto: “Con los Operativos Antipandillas y de Verificación de Bares y Cantinas y Similares se está garantizando la seguridad de los habitantes de los municipios de la franja fronteriza, previniendo conductas delictivas y contagios por COVID-19”.
Llaven Abarca detalló que la participación de las y los presidentes municipales en las Mesas Regionales es fundamental para continuar manteniendo a Chiapas entre los dos estados más seguros del país, señalando que hoy la ciudadanía lo que más demanda es seguridad y certidumbre en su patrimonio.
Finalmente, el fiscal general refrendó su compromiso de continuar coadyuvando con los tres niveles de gobierno y de garantizar el Estado de derecho a través de una política de cero tolerancia y cero impunidad.
