El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ha consolidado en sus primeros 100 días de gestión un compromiso firme con los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, en línea con los objetivos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobernación, se han implementado políticas públicas de prevención, protección y justicia que impactan directamente en la vida de miles de poblanas.
Como muestra de esta voluntad transformadora, la administración estatal cambió la denominación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva a Secretaría de las Mujeres el pasado 28 de febrero, un acto simbólico y significativo que amplía las atribuciones de la dependencia para abordar temas fundamentales como el sistema de cuidados y la creación de espacios igualitarios, libres de violencia y discriminación.
Dentro de las acciones preventivas más destacadas, se ofrecieron ocho cursos de capacitación en autoprotección y autocuidado para mujeres mayores de 12 años, realizados en parques públicos y dependencias estatales como el ICATEP y la Secretaría de Educación Pública. Estas jornadas impactaron a un total de 986 mujeres, dotándolas de herramientas prácticas para enfrentar situaciones de riesgo.
Además, el gobierno estatal impulsó el Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia con Intervención de Dupla Especializada (IDE), que brinda atención integral a través de áreas como psicología, derecho y trabajo social, beneficiando a 1,976 mujeres. También se fortaleció el proyecto «Casas Carmen Serdán», un espacio donde las mujeres reciben acompañamiento, orientación y capacitación para fortalecer su autonomía económica, física y de toma de decisiones. Actualmente, existen ocho Casas Carmen Serdán en municipios como Acatlán, Puebla, Izúcar de Matamoros, Huachinango, Zacatlán, Teziutlán, Amozoc y Acatzingo.
Con estas acciones, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, promoviendo políticas públicas inclusivas y empoderadoras que fomenten su liderazgo en la comunidad y la familia.
