La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución judicial a favor del Estado Mexicano por un monto de 62 millones 877 mil 192 pesos, como reparación del daño causado por dos personas responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El caso involucra a Ricardo “M” y José “M”, quienes, en calidad de servidor público y autoridad universitaria del Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio con irregularidades detectadas. Según la FGR, el acuerdo no garantizó las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
Las investigaciones revelaron que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios pactados originalmente con la entonces Secretaría de Desarrollo Social, a un costo menor, lo que ocasionó un perjuicio económico a la hacienda pública federal por el monto señalado.
Gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF), el órgano judicial determinó la responsabilidad penal de ambas personas. No obstante, se les concedieron los sustitutivos legales previstos en el Código Penal Federal, condicionados al pago total de la reparación del daño.
La FGR reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la recuperación de recursos públicos afectados por actos indebidos en el ejercicio del servicio público.
