La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el informe inicial sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre en el kilómetro Z230 290 de la ruta Salina Cruz – Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca, dentro del Corredor Interoceánico, donde se registró el descarrilamiento de un tren de pasajeros.
Durante el mensaje institucional, la FGR expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos, procurar justicia y garantizar la reparación integral del daño. Desde el primer momento, personal ministerial, peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Entre los hallazgos clave se informó que:
- La velocidad máxima permitida en el tramo del siniestro era de 50 km/h.
- Sin embargo, el tren circulaba a 65 km/h en la curva del accidente.
- En tramos rectos, llegó a alcanzar velocidades de 111 km/h, cuando el límite permitido era de 70 km/h.
- La información fue obtenida de la caja negra de la locomotora, que registró de forma confiable los parámetros de operación.
Se confirmó que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente, ya que el tren redujo su velocidad antes de llegar al sitio del descarrilamiento, pero posteriormente aceleró abruptamente, ingresando a la curva con exceso de velocidad, lo que —de acuerdo con la FGR— potenció la fuerza centrífuga, provocando que el tren saliera de las vías.
Las inspecciones técnicas revelaron que no hubo fallas estructurales ni mecánicas:
- La infraestructura ferroviaria (rieles, durmientes, balasto, etc.) estaba en buen estado.
- Los elementos del tren, como ruedas, zapatas y mecanismos de acoplamiento, cumplían con la normativa vigente.
Esto llevó a concluir que el tren operaba correctamente y que la causa principal del siniestro fue el exceso de velocidad atribuible al maquinista, quien no cumplió con la normatividad vigente.
Con base en la evidencia recabada, la FGR determinó ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, y anunció que continúa el análisis de otros posibles factores, como topografía, geotecnia, alineamientos y calidad de materiales.
La Fiscalía trabaja de forma coordinada con diversas dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina, y la empresa ferroviaria, en una Mesa Permanente de Atención a Víctimas para integrar los expedientes clínicos, clasificar legalmente las lesiones y garantizar la reparación integral del daño.
La FGR reitera su compromiso con la verdad, la legalidad y el debido proceso, destacando que si bien se han compartido datos técnicos, se mantiene en reserva la información confidencial de la investigación. El objetivo central es evitar la impunidad, proteger a las víctimas y prevenir que estos hechos se repitan.
