Los gobiernos de México y Morelos suscribieron un convenio de coordinación y colaboración para agilizar los trámites de escrituración de inmuebles y cancelación de hipotecas, como parte del programa Justicia Social impulsado por el Gobierno de México. El acuerdo beneficiará a cerca de 14 mil familias morelenses acreditadas por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
El convenio fue firmado por la gobernadora Margarita González Saravia y la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, durante un acto realizado en el Centro Cultural Teopanzolco, donde también se entregaron 379 constancias de finiquito a derechohabientes que concluyeron el pago de su crédito de vivienda. En ese marco, la mandataria estatal afirmó que su administración impulsa una política pública orientada a la transformación y al bienestar de la ciudadanía.
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, destacó que esta alianza permitirá simplificar los procedimientos, reducir tiempos y costos, además de generar mejores condiciones para que las familias avancen en la regularización de su patrimonio.
Por su parte, Jabnely Maldonado Meza informó que Morelos es una de las entidades con mayor número de personas beneficiadas por el programa Justicia Social, ya que de aproximadamente 40 mil acreditados, alrededor de 14 mil reciben apoyos como reestructuras, descuentos, quitas, condonaciones o congelamiento de saldos. Explicó que esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca brindar soluciones a créditos que durante años representaron dificultades para las personas acreditadas.
Como parte de los compromisos establecidos, el FOVISSSTE coordinará acciones con notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad para agilizar los trámites correspondientes, mientras que el Gobierno de Morelos facilitará los procesos administrativos. Además, el Consejo de Escrituración Social y Hábitat Morelos dará seguimiento a los acuerdos para fortalecer la protección del patrimonio y el bienestar de las y los trabajadores al servicio del Estado.
