El diputado Ricardo Monreal Ávila informó sobre la aprobación por consenso de una reforma legal que incorpora el delito de reclutamiento con fines delictivos a la legislación general en materia de trata de personas, con el objetivo de sancionar a quienes capten o incorporen personas a grupos o actividades criminales. El legislador destacó que esta modificación busca fortalecer las herramientas jurídicas para combatir estas prácticas, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con lo expuesto por Monreal a través de sus redes sociales, la reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión por reclutamiento con fines delictivos, mientras que, cuando se realice de manera forzada, las sanciones serán de 15 a 25 años. Además, contempla multas y circunstancias agravantes que, en determinados supuestos, podrían elevar las condenas hasta 37 años y seis meses de prisión.
Entre los factores que pueden incrementar las sanciones se encuentran ciertos casos relacionados con servidores públicos, personal de seguridad, víctimas pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas en contexto de movilidad. La legislación también prevé consecuencias para los servidores públicos que incurran en estas conductas, incluida la destitución e inhabilitación, conforme a los supuestos legales aplicables.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación de un tipo penal autónomo para sancionar a quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas con el propósito de integrarlas a grupos o actividades delictivas. Asimismo, establece que todo reclutamiento de personas menores de edad se considera forzado, sin necesidad de acreditar violencia o engaño, por lo que un aparente consentimiento no justifica su incorporación a estructuras criminales.
Monreal Ávila subrayó que la aprobación fue resultado del consenso entre las diputadas y los diputados, al tratarse de propuestas impulsadas desde la propia Cámara de Diputados. Finalmente, informó que la reforma será remitida al Senado de la República para su revisión y continuación del proceso legislativo, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la protección de la población frente al reclutamiento criminal y la trata de personas.
