La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual y combatir la piratería y la falsificación en México. El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió 281 votos a favor, 87 en contra y cero abstenciones, y fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
Entre los principales cambios se encuentra la sustitución del criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial, con el propósito de sancionar conductas que vulneren los derechos de los titulares, incluso cuando no exista un beneficio económico directo. De acuerdo con el planteamiento de Morena, la reforma busca actualizar el marco jurídico nacional, fortalecer los mecanismos de reparación del daño y armonizar la legislación mexicana con los compromisos internacionales del país.
Las modificaciones establecen penas de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a veinte mil días multa para quienes divulguen, publiquen, comuniquen o distribuyan, sin autorización, obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional. Asimismo, se contemplan sanciones de tres a siete años de prisión y de mil a diez mil días multa para quienes eliminen o alteren conscientemente y a escala comercial información relacionada con la gestión de derechos de propiedad intelectual sin contar con autorización.
En materia de reparación del daño, el dictamen establece que la indemnización no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. También permite que las víctimas u ofendidos opten por una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), determinada según las circunstancias de la conducta y la magnitud del perjuicio. Además, se incorpora una sanción de cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA por el uso, reproducción, imitación o incorporación ilícita, a escala comercial, de identidades gráficas institucionales, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al error o engaño sobre su origen.
Por su parte, Morena sostuvo que estas reformas buscan fortalecer la certeza jurídica y proteger el trabajo de artistas, autores, productores y demás titulares de derechos, así como prevenir el uso indebido de la identidad de las instituciones públicas. La aprobación del dictamen representa una actualización del marco legal en materia de propiedad intelectual, con nuevas disposiciones sobre sanciones y reparación del daño frente a conductas ilícitas.
