Ya que impacta en la autoestima, salud psicológica y emocional de las mujeres, sostuvo el representante popular del Distrito IX
Ciudad de México.- Con el propósito de tipificar a nivel federal el delito de acoso sexual, por ser una forma de violencia que sufren en su mayoría mujeres y niñas, en el Congreso de la Unión a través de la Comisión de Igualdad de Género, se ha impulsado reformas a los artículos 259 Bis y 266 Bis, y propone adicionar el 266 Ter del Código Penal Federal, dio a conocer Emilio Salazar Farías.
El diputado federal por el estado de Chiapas, dijo que ese ilícito ocurre principalmente en el ámbito laboral, en empresas particulares o instancias públicas, en las que pocas veces se cuenta con protocolos para atender esta situación, en la mayoría de los casos la víctima no presenta la denuncia o acta correspondiente por temor a sufrir represalias.
Para ello se ha propuesto adicionar el artículo 266 Ter para precisar que comete el delito de acoso sexual quien atosigue, incordie sexualmente a otra persona o realice conductas con una connotación de esta índole, sin consentimiento de quien las recibe; al agresor se le impondrá una pena de tres meses a cinco años de prisión y de 50 a 200 días de multa; para el caso de que la agresión se realice por dos o más personas, las sanciones aumentarán en una mitad, refirió el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura.
Explicó que cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de edad, se procederá a petición de la parte ofendida. Para el caso de menores de edad, con alguna discapacidad o que carezca de la facultad para comprender el significado del hecho, el delito se perseguirá de oficio y las sanciones se duplicarán. Si la persona acosadora fuese servidor público, además de las sanciones señaladas, procederá la destitución del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier cargo en el sector público hasta por cinco años.
Esta situación obliga a la Federación a proveer el marco jurídico general para tipificarlo e implementar los mecanismos necesarios para reducir, evitar, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, mediante el diseño de políticas públicas, protocolos y legislación que atiendan esta problemática, sin olvidar la necesidad de sensibilizar a aquellos agresores que perpetran este delito.
Finalmente, Salazar Farías, aseguró que aunque el Código Penal Federal tiene un ámbito de aplicación restringido, en la práctica funge como la norma marco para las entidades federativas, ofrece las directrices para que los estados generen, estructuren y adecuen su propia legislación, a fin de definir el delito y homogeneizar la figura.
