- Iniciativas de combate al pandillerismo transnacional, como la Mara Salvatrucha y de combate al microdelito.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que ante el reclamo de la ciudadanía por una mayor seguridad en sus demarcaciones territoriales, sobre todo en la frontera sur, el Congreso del Estado aprobó dos iniciativas en materia de seguridad: de combate al pandillerismo transnacional y de combate al microdelito.
Éstas, que reforman el Código Penal del estado de Chiapas, fueron aprobadas en sesión extraordinaria y presentadas en su momento, por Eduardo Ramírez Aguilar.
Luego de una visita Talisman, municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala, Eduardo Ramírez señaló que la primera de estas iniciativas, nace a partir de las frecuentes demandas de la población en esta zona fronteriza, respecto al incremento de la inseguridad por la presencia de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha, por poner un ejemplo.
El pandillerismo por sí, es un delito y siempre ha estado tipificado en Chiapas, explicó Eduardo Ramírez.
No obstante, de lo que se trata es que si luego de una investigación y análisis realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se encuentra que quien cometió el delito pertenece a una pandilla transnacional, se agravará la pena hasta en una mitad más del delito que haya cometido.
En este sentido, Eduardo Ramírez aclaró que esta iniciativa no es exclusiva para los extranjeros que llegan a nuestro territorio, sino también aplica para los connacionales que pertenezcan a este tipo de pandillas. Por lo tanto, no tiene una naturaleza discriminatoria hacia el tema migrante.
“Este tipo de pandillas transnacionales son de alta peligrosidad y muchas veces vinculadas a otro tipo de delitos, como el tráfico de sustancias, de personas, entre otros, por ello la importancia de legislar en la materia; además porque representan una amenaza para la integridad de los habitantes de la frontera sur”, puntualizó.
Por otro lado, Eduardo Ramírez señaló que la segunda iniciativa también surge a raíz de la demanda de la gente que cada día se siente más vulnerable ante los delitos urbanos o también denominados microdelitos, como el robo a transeúntes, el arrebato, los carteristas, el asalto callejero, entre otros.
Por ello se agravó la pena para estos delitos, de 2 a 7 años de prisión, a una mayor de 4 a 14 años. Ello con la finalidad de que haya una disminución en la práctica y quien cometa estos ilícitos lo piense dos veces y no haga del robo un estilo de vida.
Finalmente, Eduardo Ramírez señaló que la sociedad es parte importante en el cumplimiento de estas leyes, pues debe demandar su aplicación ante las instancias correspondientes, de tal manera que se garantice la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía en las calles y sus hogares.
