“El objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción y no permitir la delincuencia común ni la delincuencia de cuello blanco y una de las formas más eficaces es seguirle la pista al dinero”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la última conferencia de prensa matutina del 2019, instruyó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, presentar el Informe Anual de Labores.
El jefe del Ejecutivo reiteró que el gobierno de la Cuarta Transformación aportará a las autoridades autónomas “todos los elementos que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie porque tenemos que limpiar el gobierno y la Fiscalía General de la República va a hacer su trabajo. Santiago está cumpliendo su responsabilidad con mucha eficacia”.
El titular de la UIF afirmó que el combate a las estructuras financieras de la delincuencia es fundamental, ya que al detectar los flujos ilícitos de capitales, se puede debilitar su operación.
“La política del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo de Seguridad Pública involucra a la UIF en el combate a la corrupción en razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política particularmente regional y local”, explicó.
Enfatizó en los cinco ejes de acción de la Unidad: combate al robo de hidrocarburos; a la trata y tráfico de migrantes; a empresas fachadas y factureras; al narcotráfico y a la corrupción política.
En lo que va de este año, la UIF ha bloqueado mil 371 sujetos en comparación con los 57 de 2018, y 12 mil 74 cuentas, a diferencia de las 800 del año anterior.
De enero a diciembre de 2019, el bloqueo de dinero a grupos delincuenciales alcanzó los 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares.
El techo histórico de las denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República era de 113; en lo que va de 2019 se han presentado 160.
La UIF de la actual administración presentó el mayor número de reportes de peticiones en su historia al emitir 631 de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas de investigación.
Entre los casos relevantes, el titular de la UIF destacó el del vínculo Odebrecht-Lozoya; el del magistrado y abogado que dictaba sentencias favorables al Cártel Jalisco Nueva Generación; la red de trata de personas Zona Divas; el cártel especializado en robo de hidrocarburos; los desvíos del Consejo Mexicano de Promoción Turística; el de Genaro García Luna; el combate al fentanilo; la corrupción carretera y la Red Internacional de Lavado de Dinero
Informó que se han dado vistas a autoridades ministeriales y administrativas, particularmente a las secretarías de la Función Pública, de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y fiscalías locales respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores públicos, por causales que van desde el enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal, responsabilidad administrativa o penal, entre otros.
La UIF trabaja en coordinación con la Egmont Group of Financial Intelligence Units, lo que derivó en 87 peticiones enviadas y 157 solicitudes de información recibidas para la generación de casos.
La colaboración ha permitido intercambiar información con Andorra, España, Estados Unidos, Panamá, Suiza, Brasil y otros países donde se encontraron transacciones internacionales vinculadas a actos de corrupción política.
Santiago Nieto resaltó que en su reporte 2018, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 138 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo; Brasil y Perú se encontraban 40 puntos arriba.
A diferencia de esa medición, en 2019 se posiciona como uno de los tres países que mejor combate la corrupción.
Agregó que de manera paralela es necesario eliminar la corrupción en el Poder Judicial y ministerios públicos con el objetivo de impedir la protección a grupos delincuenciales.
