Ponderando el respeto y desarrollo de la carrera judicial, así como el principio de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Chiapas que encabeza el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Guillermo Ramos Pérez, nombró a tres juzgadores quienes rindieron protesta constitucional a su nuevo cargo.
Esto, por determinación aprobada en Sesión Ordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 11 de Mayo del 2023, donde se aprobó el nombramiento constitucional, de una jueza y dos jueces de primera instancia, quienes tomaron protesta de Ley en un acto protocolario ante la presencia del magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez, acompañado de la consejera de la Judicatura, Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán y el consejero de la Judicatura, Omar Heleria Reyes.
En este acto, Ramos Pérez destacó que sus nombramientos representan el compromiso de la casa de la justicia con la ciudadanía, al fortalecer la carrera judicial, al mismo tiempo que les exhortó a conducirse con transparencia, honestidad y compromiso en el desempeño de sus funciones.
Cabe señalar que la y los juzgadores que recibieron nombramientos cuentan con carrera judicial, profesionalización y compromiso institucional, ocupando diversos cargos a través de los años. La jueza Ana Lilia Portela Hernández, ingresó en el año de 2008 como Defensora Social en el Estado y se encuentra certificada en el Sistema Acusatorio Penal y Justicia Restaurativa.
Por su parte, el juez René Alberto Hernández Caballero, con 26 años de servicio, inició su carrera judicial como actuario en el Juzgado Mixto de Cintalapa. De igual manera, el juez Pablo Isaac Nazar Calvo, comenzó una larga carrera judicial, en el año 2000 en el Poder Judicial de la Federación, y desde 2007 como secretario de Estudio y Cuenta en el entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y Tribunal Constitucional.
Con estos nombramientos, el Poder Judicial en Chiapas refrenda su compromiso con la capacitación y la carrera judicial de las y los juzgadores, garantizando a las personas usuarias de la justicia, la protección de sus derechos desde un Tribunal de Puertas Abiertas.
