Con el objetivo de poner fin a las obras realizadas por decisión unilateral y sin criterios técnicos, fue aprobada la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que busca fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de recursos públicos y asegurar que las obras respondan al beneficio colectivo.
La modificación legal establece mecanismos más estrictos para la contratación de obras, evitando discrecionalidades y permitiendo mayor supervisión en cada etapa del proceso, desde la planeación hasta la ejecución y entrega de proyectos.
De esta forma, se da un paso firme hacia la prevención de la corrupción en el ámbito de la infraestructura pública, asegurando que los contratos se asignen conforme a la ley, con criterios de eficiencia, necesidad social y beneficio directo para la población.
La reforma también contempla mayores requisitos de justificación técnica y social para la realización de nuevas obras, así como la participación de órganos de control que vigilen el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Con esta aprobación legislativa, se consolida una política de obras públicas que prioriza el interés general, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y promueve el desarrollo sostenible con base en la legalidad.
