- Realizan Seminario Internacional: debida diligencia en derechos humanos para las empresas con participación comunitaria
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que las empresas que operan en nuestro país no sólo tienen que ser productivas y generar empleos, deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos, que beneficie a las comunidades donde se asienten.
Al inaugurar el “Seminario internacional: debida diligencia en derechos humanos para las empresas con participación comunitaria”, el senador agregó que, independientemente de su tamaño y nivel de incidencia, las compañías deben ser capaces de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo sus actividades impactan en la dignidad de las personas.
Dijo que es obligación de las empresas utilizar la debida diligencia como herramienta de sus operaciones, es decir, tienen la obligación de promover, asegurar el cumplimiento y garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos en el derecho nacional e internacional. Las y los participantes en este seminario advirtieron que, de no implementar políticas de respeto a los derechos humanos, la actividad empresarial puede reflejarse en pérdida de biodiversidad, contaminación, desequilibrios y abusos de poder e, incluso, amenazas a la democracia.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández, destacó que la actual administración federal toma en cuenta lo anterior y por primera vez en México se defienden los derechos de grupos vulnerables ante los intereses del mercado, que por muchos años privaron en el país con las políticas neoliberales.
Los pueblos indígenas y afromexicanos ya son “sujetos de derecho y no objetos de museo”, subrayó; muestra de ello, precisó, es la voz y representación que tienen en el Senado de la República para defender sus derechos: “es un avance para poder colaborar, porque esto es un trabajo en equipo. Si nos va bien a nosotros, nos irá bien a todos y a las empresas”.
El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, consideró que a través del diálogo las empresas y comunidades pueden llegar a acuerdos y relaciones de mutuo provecho, que les permitirán a éstas y al gobierno lograr una prosperidad compartida. “Si lo logramos, vamos a tener más inversión, más empleo, pero también vamos a tener una sociedad que funcione mejor y que haya menos conflictos; vamos a lograr que la inversión sirva para todos y se comparta la prosperidad”, añadió.
Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, enfatizó que México tiene un gran potencial para liderar en la región, la vigilancia del cumplimiento de estándares mínimos de protección de los derechos humanos por parte de las empresas.
En representación de la Confederación de Cámaras Industriales, Karen Andrea Lazcano apuntó que en la actualidad urge impulsar un modelo de política empresarial que fortalezca la competitividad, la innovación y la sostenibilidad, pero enfocado en los derechos humanos: “sabemos que hoy los mercados internacionales, los inversionistas y los consumidores, exigen empresas responsables”.
