Con el objetivo de fortalecer la claridad en el uso de los recursos públicos y fomentar la confianza ciudadana, se llevó a cabo una reunión de trabajo centrada en el establecimiento de procesos de fiscalización dentro de la Administración Pública. La sesión fue encabezada por autoridades comprometidas con una gestión basada en la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
Durante el encuentro, se destacó que el ejercicio responsable del gasto público no solo es una obligación legal, sino también un deber ético ante la sociedad. La planeación adecuada de los recursos permite que cada acción gubernamental esté orientada al beneficio directo de la ciudadanía, priorizando obras, programas y servicios que respondan a sus necesidades.
El diálogo entre las instancias participantes permitió trazar líneas estratégicas para garantizar que todos los procesos administrativos, desde la programación hasta la ejecución presupuestal, se realicen bajo criterios de eficiencia, legalidad y vigilancia constante. Se enfatizó que cada peso debe reflejarse en resultados tangibles para la comunidad.
Asimismo, se reiteró la importancia de mantener canales abiertos de comunicación con los órganos fiscalizadores, tanto internos como externos, a fin de detectar áreas de mejora y evitar posibles desviaciones en el uso del erario. La reunión también buscó generar consensos sobre la necesidad de institucionalizar prácticas que promuevan la cultura de la evaluación.
Las autoridades participantes coincidieron en que la transparencia no es un acto aislado, sino una práctica cotidiana que debe reflejarse en cada decisión administrativa. El compromiso de esta administración es ejercer el recurso público con planeación y responsabilidad, colocando siempre en el centro a la ciudadanía.
