Con el objetivo de reforzar las acciones de combate al lavado de dinero y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un nuevo programa de capacitación especializada dirigido a representantes de gremios vinculados con Actividades Vulnerables. La iniciativa busca promover mayor cooperación entre el SAT y los actores económicos que integran estos sectores.
La reunión fue encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien destacó que el nuevo esquema brindará orientación a los agremiados sobre el cumplimiento normativo y fortalecerá la protección del sistema financiero y la economía nacional. “La capacitación es clave para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, afirmó.
Durante el encuentro, Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, explicó que los sujetos obligados deben registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), identificar a sus clientes, recabar información sobre sus actividades, y garantizar el resguardo seguro de datos, así como presentar los avisos correspondientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el SAT.
El programa incluye recomendaciones como establecer lineamientos internos, crear expedientes únicos de identificación, conservar la documentación por cinco años, evitar avisos extemporáneos y mantener registros digitales actualizados. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden ir desde los 22 mil hasta más de 7 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
También se anunció la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, una plataforma que permitirá a los contribuyentes conocer sus derechos y obligaciones, registrarse y enviar informes al SPPLD. Al evento asistieron representantes de sectores como servicios prendarios, inmobiliarios, automotrices, artísticos, de apuestas, aduanales, donatarias, construcción, colegios profesionales y cámaras empresariales, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la legalidad.
