El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Instituto de la Defensoría Pública, reafirma su compromiso con las y los chiapanecos al ofrecer servicios jurídicos gratuitos dirigidos, principalmente, a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Esta labor incluye orientación, asesoría y, en ciertos casos, representación legal, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la justicia.
Siguiendo la instrucción del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, la atención que brinda el Instituto ha sido fortalecida desde una perspectiva ética, incluyente y con enfoque humanista. Se promueve que el personal actúe con respeto, profesionalismo y vocación de servicio, especialmente en beneficio de quienes enfrentan procesos legales sin contar con recursos suficientes para su defensa.
Erick Raúl Zárate López, director general del Instituto, reiteró la misión del organismo de velar por la equidad en el acceso a la justicia. Destacó el trabajo cercano, empático y eficiente que desempeñan defensoras y defensores públicos en todo el estado, contribuyendo a la construcción de un sistema más justo y sensible a las necesidades sociales.
El Instituto de la Defensoría Pública, adscrito al Poder Judicial, opera bajo la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas. Su estructura organizativa incluye una Dirección General, una Subdirección General, cuatro Subdirecciones Regionales y cinco Unidades Técnicas, que permiten coordinar eficazmente los servicios especializados de defensa en diversas materias legales, garantizando atención real y oportuna.
Finalmente, el magistrado presidente subrayó que la justicia no debe estar condicionada por la situación económica de las personas. Por ello, se impulsa una coordinación interinstitucional que fortalezca un sistema judicial eficiente, accesible y con sentido humano, donde el ejercicio de los derechos ciudadanos se garantice con dignidad y donde la justicia se traduzca en paz.
