El próximo 1 de septiembre, México vivirá un momento histórico con la entrada en funciones de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegidos a través de un proceso inédito de consulta y participación ciudadana.
Sin embargo, no han tardado en surgir voces que, desde el viejo régimen, buscan descalificar lo que millones de mexicanos decidimos libre y conscientemente. Hay quienes —con tal de conservar sus privilegios— atacan anticipadamente a quienes aún no han asumido su encargo. Pero más que una crítica legítima, lo que está en el fondo es una resistencia a perder el control sobre el Poder Judicial.
Quien ataque a las y los nuevos ministros, ataca también al pueblo de México, a la democracia participativa, y al avance hacia un modelo más justo, más transparente y menos sometido a intereses oscuros.
Los próximos ministros no llegan por dedazo ni por pactos en lo oscurito. Llegan como resultado de un proceso democrático sin precedentes. Por tanto, su legitimidad no solo está en su nombramiento, sino en el respaldo de millones de ciudadanos que claman por justicia de verdad.
Este 1 de septiembre no solo cambiarán nombres. Cambiará la historia judicial de México.
