La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como ofensivas las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios del periodo neoliberal en Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), por lo que informó que se analiza una reforma constitucional para establecer montos justos y evitar abusos en el erario público.
En su conferencia matutina, la mandataria señaló que algunos exservidores perciben hasta un millón de pesos mensuales, cifra que rebasa incluso el salario neto de la Jefa del Ejecutivo Federal. Indicó que quienes actualmente reciben estas pensiones podrán acercarse de manera voluntaria a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo y recibir montos más modestos.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que en Luz y Fuerza se destinan 28 mil 074 millones de pesos anuales a un padrón de 14 mil 73 extrabajadores; de ellos, 9 mil 457 (67%) perciben entre 100 mil y un millón de pesos, y 3 mil 504 reciben más que la Presidenta. En el caso de Pemex, se erogan 24 mil 844 millones de pesos anuales para 22 mil 316 jubilados, de los cuales 544 ganan más que la Jefa del Ejecutivo y 618 superan incluso el sueldo del director general de la petrolera.
Ante esta situación, se instalaron mesas de trabajo interinstitucionales con la Consejería Jurídica del Ejecutivo, IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE y la Secretaría de Hacienda, con el fin de revisar la legalidad de estas pensiones. Además, se anunció la homologación de padrones, convenios con registros civiles y el Renapo, así como la normatividad de requisitos de pase de supervivencia para mejorar la transparencia en los expedientes de jubilación.
En paralelo, la secretaria Buenrostro informó que el Gobierno de México mantiene cero impunidad frente a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos exfuncionarios de Pemex. Precisó que uno de ellos, Mario Alberto Ávila Lizárraga, fue inhabilitado en gobiernos anteriores por favorecer contratos de Oceanografía, y que la actual administración ya había emprendido auditorías y cancelado contratos irregulares desde 2020.
