El Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, trabaja para poner fin a los modelos de concesión heredados de administraciones pasadas, los cuales han comprometido severamente las finanzas estatales. Así lo afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al denunciar públicamente el modelo de saqueo institucionalizado por gobiernos de derecha desde 2013.
Durante la conferencia matutina, García Parra explicó que las inversiones disfrazadas de deuda fueron impuestas con contratos de larga duración y condiciones lesivas para el estado. Uno de los casos más representativos, señaló, es el del Sistema RUTA, cuya concesión tiene una vigencia restante de 29 años. Rescindir dicho contrato de manera anticipada costaría más de 22 mil millones de pesos, cantidad suficiente para renovar completamente el transporte público.
Otro ejemplo mencionado es el servicio de agua potable, que permanece en manos privadas. El funcionario indicó que el Congreso del Estado fue despojado de la facultad de revisar y establecer tarifas, y que recuperar este servicio costaría más de 7 mil millones de pesos. A la fecha, se han pagado más de 4 mil millones como parte de este esquema, que calificó como un mecanismo de saqueo.
García Parra subrayó que el gobierno actual está actuando con firmeza para restablecer el orden legal, detener estos negocios perjudiciales y proteger el patrimonio de las y los poblanos. “Torcieron la ley para legalizar el saqueo”, expresó, al tiempo que reiteró la voluntad del Ejecutivo estatal de corregir el rumbo con visión de justicia social.
El Gobierno de Puebla reafirma así su compromiso con la transparencia, el bienestar colectivo y el desarrollo sustentado en el respeto al interés público, enfrentando los retos heredados con responsabilidad y determinación.
