Al tiempo de reconocer el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enfrentar la problemática del agua en el país con una nueva legislación y reformas legales, el Senador Manuel Huerta manifestó su convicción de que “la lucha por el agua sigue y sigue”.
El legislador veracruzano recordó que en el sexenio de Salinas se reformó la Constitución y se abrió la puerta para tratar el agua como mercancía. Después vinieron los gobiernos del PRIAN, Fox, Calderón, Peña Nieto, que consolidaron una hidrocracia, una élite de tecnócratas y grandes corporaciones que desde el poder repartieron concesiones.
“Ahí nacieron los acuifundios, verdaderos latifundios del agua, donde unos cuantos se apropiaron de cuencas y acuíferos completos, mientras millones de mexicanos seguían haciendo fila por una pipa. Hoy esta ley acaba con el mercado de concesiones entre particulares, crea un fondo de reserva para recuperar volúmenes y reasignarlos con criterios de interés público y fortalece sanciones contra el robo de agua y la corrupción”, destacó en su intervención.
Asimismo, expresó que en los casos de extinción y la reasignación de volúmenes éstos se hagan siempre con transparencia, con criterios de sustentabilidad y de prioridad para las comunidades con mayor marginación hídrica, pueblos indígenas, sistemas comunitarios y núcleos agrarios, y “no para que el que tenga más influencia o más abogados”.
El Senador del Pueblo se pronunció por cerrar todas las vías el paso a la privatización de los servicios del agua potable y saneamiento, ya sea por contratos opacos o por la puerta trasera de los organismos operadores. “El agua se puede gestionar con eficiencia, sí –enfatizó–, pero nunca debe dejar de ser un servicio público, priorizando el uso personal y doméstico, universal, para las escuelas, hospitales y los espacios comunitarios”.
Mención especial hizo de los Consejos de Cuenca. Al respecto, expresó que “ya no queremos mesas donde sólo se sientan los grandes concesionarios y la vieja hidrocracia, queremos Consejos donde estén presentes sistemas comunitarios, núcleos agrarios, pueblos indígenas y afromexicanos, investigadores, defensoresdel agua, y sobre todo las comunidades afectadas por la contaminación y la falta de acceso al vital líquido”.
Sin una representación amplia, añadió, “la planeación seguirá viendo al territorio desde arriba, no desde el territorio mismo. Y no podemos olvidar a quienes ponen la comida en la mesa, las y los pequeños productores, los usuarios agropecuarios familiares que aportan mucho al país”.
Adicionalmente, dijo a estos grupos no se les puede tratar como si fueran grandes acaparadores. “Alcontrario, deben tener certeza facilidades administrativas y protección frente a sequías, crisis económicas y procedimientos de extinción que no distinguen entre el ejidatario y el gran corporativo”.
Al adelantar su voto a favor la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el Senador del Pueblo reiteró que su obligación será la de “la vigilar la reglamentación, el presupuesto, la integración de los consejos, la operación del fondo de reserva y la defensa de los pueblos y comunidades cuando reclaman lo que la ley ya les reconoce en el papel”.
Por último, hizo un reconocimiento a la organización “Agua para todos y para todas, agua para la vida”, movimiento social que ha sido baluarte para la defensa del agua de nuestro pueblo y que ha empujado este avance.
