El gobernador Alejandro Armenta denunció que durante los gobiernos neoliberales se institucionalizó el saqueo en Puebla, convirtiendo al estado en un laboratorio de corrupción a través de esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Señaló que estos mecanismos desviaron recursos que debieron ser destinados a sectores clave como el campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera.
Armenta afirmó que su administración actúa con responsabilidad y sin complicidad para enfrentar los daños heredados. Ejemplo de ello es el caso del Museo Internacional del Barroco, resuelto con el pago de 2 mil millones de pesos y un ahorro histórico de 8 mil millones, resultado de la cancelación de contratos desventajosos para el estado.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que al inicio de la actual gestión se encontraron 89 litigios relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas, con un monto total demandado que supera los 5 mil 500 millones de pesos. De esos casos, 29 ya tienen sentencia firme por más de mil 500 millones.
García Parra también mencionó que se trabaja en la terminación anticipada de contratos como el del Centro Integral de Servicios (CIS), que ha implicado pagos por más de 2 mil millones de pesos y requiere 259 millones más este año. En el caso de Agua de Puebla, la terminación anticipada del contrato implicaría una indemnización de 7 mil millones de pesos.
El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. “Pasaremos de la deuda oculta y del saqueo, hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó García Parra, subrayando que no se permitirá que intereses particulares prevalezcan sobre las necesidades de la población.
