Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera aprobaron un proyecto de decreto que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de detonar proyectos estratégicos con impacto social en el país.
El senador Manuel Huerta destacó que esta ley dota al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico, que permite impulsar infraestructura con sentido social sin ceder la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria. La norma busca facilitar la inversión mediante reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que garanticen certeza jurídica, evaluación previa y rendición de cuentas.
Huerta enfatizó que los proyectos se ejecutarán bajo un régimen de triple control: evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior. Además, se incorpora explícitamente al sector social —cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores— como actores posibles en la cadena de valor de la infraestructura, en concordancia con el artículo 25 constitucional y la concurrencia del sector público y privado.
El legislador puntualizó que la licitación pública seguirá siendo la regla general, con excepciones tasadas conforme al artículo 134 constitucional. Asimismo, cada proyecto deberá cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo análisis de impacto, preservación del equilibrio ecológico y medidas de mitigación frente al cambio climático, garantizando que la infraestructura sea también una política de resiliencia territorial y energética.
Finalmente, Huerta resaltó que la ley busca movilizar ahorro institucional, inversión privada y financiamiento público hacia proyectos estratégicos, consolidando la infraestructura como motor de crecimiento económico y bienestar social, sin perder el control estatal sobre los recursos y la ejecución de las obras.
