Una filtración hecha por una fuente oficial a un medio local reveló una supuesta declaración hecha por el velador Antonio Luna Hernández, en la cual éste habría admitido que asesinó a sus tres hijos en la finca que cuidaba en San Miguel de Allende el 14 de enero, donde se desató una balacera entre agentes de la Procuraduría de Justicia y supuestos sicarios, cuyas circunstancias no han sido aclaradas ni hubo un solo detenido.
Este jueves, el periódico Milenio León publicó una versión que atribuyó a una “fuente allegada a la investigación”, en la que se asume que el velador “confesó” haber disparado a los tres niños, aunque se trata de una audiencia privada cuyo desarrollo, según las normas del sistema penal acusatorio, no debe divulgarse por prohibición expresa del juez de control.
Presuntamente, la confesión del velador fue hecha en la audiencia efectuada el pasado jueves 16 de febrero, a solicitud de su defensor Rafael Heredia.
Al salir de esa audiencia, el abogado Heredia se negó a informar sobre lo ocurrido y resaltó el carácter privado de la misma, por tratarse de la estrategia legal que lleva para lograr la liberación de Antonio Luna Hernández.
El Poder Judicial del estado se deslindó de la filtración y resaltó que dado el carácter privado de la audiencia, está impedido para informar sobre la misma.
En tanto, el procurador Carlos Zamarripa confirmó que Antonio Luna sí declaró en la audiencia privada, pero se abstuvo de mencionar el contenido de ésta, aunque reiteró que “confirma los datos de prueba que nosotros teníamos en la investigación” por los que se acusó al velador del multihomicidio.
“Sí se dio una declaración, pero no puedo dar detalles al respecto, ya que la defensa solicitó la privacidad de esta audiencia”, dijo el procurador a un noticiero radiofónico.
Pero el gobernador Miguel Márquez aprovechó la publicación para defender la intervención de la Procuraduría de Justicia en el caso.
“La verdad tendría que salir a flote, yo lo comenté siempre”, dijo Márquez Márquez al ser entrevistado sobre la publicación, cuya versión prácticamente avaló.
“Yo se los dije desde un inicio, se los comentaba… yo sí les digo que allí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a la ley y eso también tiene que quedar muy claro a la luz pública ”, fueron las palabras de Márquez Márquez.
Enseguida, el gobernador trató de mesurarse “por respeto a la familia, pobre padre, no es fácil para él, la misma familia ha pedido discreción en el tema, que las audiencias sean privadas”.
Aunque acto seguido, insistió en pedir que “a la luz pública” quede muy claro que la PGJE nunca actuó fuera del marco de la ley.
“Fueron días de solicitar cabezas, de señalamientos políticos, en los cuales aguantamos candela porque así la ley lo establece y no podíamos hablar más. Pero yo siempre les decía: confíen, la verdad tiene que salir a flote”, repitió.
Antonio, Juana y sus tres hijos se encontraron la noche del 13 de febrero en medio de una supuesta balacera entre sicarios y ministeriales que se prolongó por más de 5 horas, en la que la familia nunca se enteró de que elementos de la Procuraduría se encontraban en el lugar.
Juana y Antonio pidieron ayuda a la Policía municipal y a familiares en numerosas llamadas telefónicas, pero nunca se les informó que en el lugar había agentes ministeriales en este operativo fallido, según confirmó Apro con familiares, el propietario de la finca y los mensajes intercambiados a través de los teléfonos celulares de la pareja.
El procurador señaló al velador como el responsable de haber asesinado a sus hijos y habló del aseguramiento de armas y drogas en la finca, pero afirmó que no hubo sicarios detenidos porque éstos “lograron escapar”, a pesar de que había alrededor de la finca un despliegue de policías municipales, estatales y federales que supuestamente no intervinieron en el tiroteo. Sólo la Procuraduría de Justicia.
