El Congreso aprobó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un paso decisivo para garantizar la protección de datos personales y erradicar prácticas corruptas en instituciones gubernamentales. Esta legislación busca consolidar la cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.
La normativa establece medidas estrictas para el manejo de datos personales y promueve la rendición de cuentas como un principio fundamental de la administración pública. Con esta ley, se elimina la opacidad que permitía la corrupción y se promueve una gestión más clara y accesible para todos los ciudadanos.
El propósito central es garantizar que la información pública esté disponible de manera eficiente y que las instituciones gubernamentales operen bajo esquemas de transparencia, fomentando el acceso a la información como un derecho ciudadano. Además, se establecen mecanismos claros para la protección de los datos personales, evitando el mal uso de la información sensible.
Las autoridades han expresado que la aprobación de esta ley representa un avance significativo en la construcción de un gobierno abierto, donde la participación ciudadana sea activa y continua. Además, se garantiza que cualquier persona pueda acceder a la información pública sin trabas burocráticas o restricciones injustificadas.
Con esta ley, el gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, impulsando un vínculo más cercano y de confianza con el pueblo. La participación activa de la ciudadanía será clave para consolidar esta nueva etapa en la gestión pública.
