Como parte del fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Gabinete de Infraestructura, encabezada por Ana Laura Romero Basurto, con el objetivo de revisar los expedientes de constructoras responsables de obras inconclusas y otras observaciones detectadas en auditorías.
Durante el encuentro se acordó iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a las empresas que hayan incurrido en irregularidades, con la finalidad de inhabilitar a quienes resulten responsables y garantizar que las licitaciones sean otorgadas a compañías que sí cumplen con sus compromisos contractuales.
Además, se anunció la verificación exhaustiva de los precios unitarios de las obras públicas, con el propósito de prevenir sobrecostos y asegurar un manejo eficiente y responsable del gasto público, priorizando el bienestar social por encima de intereses particulares.
Este ejercicio de fiscalización reafirma el compromiso del Gobierno con una política de cero tolerancia a la corrupción y el impulso a una administración transparente, que premie la responsabilidad empresarial y castigue la negligencia y el desvío de recursos.
En la Nueva ERA, la rendición de cuentas no es solo un principio ético, sino una herramienta esencial para recuperar la confianza ciudadana, garantizar el correcto uso de los recursos públicos y asegurar que el desarrollo de infraestructura beneficie verdaderamente a la población.
