El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, señaló que las diferencias políticas deben encauzarse por las vías institucionales y dentro de la legalidad, luego de los hechos registrados durante las movilizaciones de este miércoles 23 de septiembre, en las que participaron diversos actores vinculados con el Partido del Trabajo (PT). En conferencia de prensa, sostuvo que el ejercicio de la libre expresión no debe traducirse en acciones que vulneren las garantías de terceros o alteren el desarrollo de la vida pública.
Acompañado por el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, y Raúl Vergara Mireles, representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Morelos, el funcionario se refirió a los bloqueos registrados en distintas vialidades de Cuernavaca y en la autopista México-Acapulco, así como al cierre con cadenas y candados de los accesos a Palacio de Gobierno, mientras trabajadores y ciudadanos permanecían en el interior.
Maldonado sostuvo que expresar inconformidades forma parte de una sociedad democrática; sin embargo, indicó que impedir el libre tránsito, obstaculizar actividades laborales y limitar el acceso a oficinas gubernamentales afecta directamente a personas ajenas a cualquier diferencia política. En ese sentido, afirmó que la manifestación constituye un derecho, pero que generar temor, impedir la libertad de las personas y afectar a la ciudadanía no forma parte de ese derecho.
El titular de la Secretaría de Gobierno puntualizó que los desacuerdos políticos y sociales deben procesarse mediante las vías democráticas y dentro del marco legal, con responsabilidad y respeto a terceros, sin recurrir a medidas de presión que repercutan en la sociedad o interfieran con las labores de la administración pública.
Finalmente, Edgar Maldonado subrayó que quienes forman parte del servicio público tienen la responsabilidad de atender y proteger a la población, por lo que el Poder Ejecutivo estatal actuará para preservar la gobernabilidad, garantizar la continuidad de los servicios y salvaguardar los derechos de todas y todos. Agregó que cualquier hecho que pudiera constituir una responsabilidad legal deberá ser investigado por las autoridades competentes, que determinarán lo conducente conforme a derecho.
